Según informes, nuevos documentos judiciales han proporcionado nueva evidencia que indica que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) es parcial en el proceso de reclasificación de la marihuana, un procedimiento supervisado por la propia agencia.
El tan esperado proceso de reclasificación de la marihuana se considera una de las reformas más significativas en la política de drogas de la historia moderna de Estados Unidos. Sin embargo, debido a acusaciones de parcialidad que involucran a la DEA, el proceso ha sido suspendido indefinidamente. Las antiguas sospechas de que la DEA se opone rotundamente a la reclasificación de la marihuana y ha manipulado los procedimientos públicos para asegurar su capacidad de negar su traslado de la Lista I a la Lista III bajo la ley federal se han confirmado en una demanda en curso.
Esta semana, surgió otra demanda legal entre la DEA y Médicos por la Reforma de las Políticas de Drogas (D4DPR), una organización sin fines de lucro que comprende a más de 400 profesionales médicos. Nuevas pruebas obtenidas por el tribunal corroboran la parcialidad de la DEA. El grupo de médicos, excluido del proceso de reclasificación de la marihuana, presentó alegatos el 17 de febrero ante un tribunal federal, centrándose en la opacidad del proceso de selección de los testigos citados a declarar en la audiencia de reclasificación, originalmente programada para enero de 2025. De hecho, la demanda de D4DPR se presentó inicialmente en noviembre pasado con el objetivo de obligar a la DEA a reabrir el proceso de selección de testigos o, si la demanda fracasa, al menos exigir a la agencia que explique sus acciones.
Según “Marijuana Business”, la evidencia presentada en el caso judicial en curso revela que la DEA inicialmente seleccionó a 163 solicitantes pero, basándose en “criterios aún desconocidos”, finalmente eligió solo a 25.
Shane Pennington, en representación del grupo participante, habló en un podcast solicitando una apelación interlocutoria. Esta apelación ha provocado la suspensión indefinida del proceso. Declaró: «Si pudiéramos ver esos 163 documentos, creo que el 90 % provendrían de entidades que apoyan la reclasificación de la marihuana». La DEA envió 12 de las llamadas «cartas correctivas» a los participantes en el proceso de reclasificación, solicitando información adicional para demostrar su elegibilidad como «personas afectadas o perjudicadas por la norma propuesta» según la ley federal. Las copias de estas cartas, incluidas en los documentos judiciales, revelan un sesgo significativo en su distribución. Entre los 12 destinatarios, nueve eran entidades firmemente opuestas a la reclasificación de la marihuana, lo que indica una clara preferencia de la DEA por los prohibicionistas. Solo se envió una carta a un conocido partidario de la reclasificación: el Centro para la Investigación del Cannabis Medicinal (CMCR) de la Universidad de California en San Diego, que es esencialmente una entidad gubernamental. Sin embargo, después de que el centro proporcionó la información solicitada y confirmó su apoyo a la reforma, la DEA finalmente rechazó su participación sin explicaciones.
En cuanto a las cartas correctivas, Pennington comentó: «Sabía que lo que estábamos viendo con las comunicaciones unilaterales de la DEA era solo la punta del iceberg, lo que significaba que había tratos secretos tras bambalinas en este proceso de audiencia administrativa. Lo que no esperaba era que la gran mayoría de estas 12 cartas correctivas enviadas a diferentes entidades provenían de opositores a la reclasificación».
Además, se informó que la DEA rechazó rotundamente las solicitudes de participación de funcionarios de Nueva York y Colorado, ya que ambas agencias solicitantes apoyan la reclasificación de la marihuana. Durante el proceso, la DEA también intentó ayudar a más de una docena de opositores a la reforma de la reclasificación de la marihuana. Expertos del sector describen esta como la divulgación más completa hasta la fecha sobre las acciones de la DEA en el proceso de reclasificación. El caso, presentado por Austin Brumbaugh, del bufete Yetter Coleman de Houston, se encuentra actualmente en revisión en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia.
De cara al futuro, el resultado de esta audiencia podría tener un impacto significativo en el proceso de reclasificación de la marihuana. Pennington cree que estas revelaciones de manipulación tras bambalinas refuerzan los argumentos a favor de la reforma de la marihuana, ya que ponen de relieve graves deficiencias en el enfoque regulatorio. «Esto solo puede ser beneficioso, ya que confirma todas las sospechas», señaló.
Cabe destacar que estos hallazgos y revelaciones se refieren al liderazgo anterior de la DEA, bajo la dirección de Anne Milgram. Desde entonces, la administración Trump ha reemplazado a Milgram por Terrance C. Cole.
Ahora, la pregunta es cómo manejará la administración Trump estos acontecimientos. La nueva administración debe decidir si continúa un proceso que ha erosionado la confianza pública o adopta un enfoque más transparente. En cualquier caso, hay que tomar una decisión.
Hora de publicación: 31 de marzo de 2025